Acceso a la información, Derechos, Documentos, Legislación, Transparencia

EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Desde la plataforma Govern Obert queremos felicitar al Gobierno por haber cumplido su promesa de presentar un borrador de Ley de Transparencia durante los 100 primeros días de gobierno: www.leydetransparencia.gob.es

También lo felicitamos por el hecho de abrir un canal electrónico de consulta y participación ciudadana en la elaboración de una ley, un hecho indiscutiblemente positivo que podemos calificar de histórico, ya que nunca antes en nuestra democracia se había dado a conocer un borrador de ley para que cualquier persona pudiera realizar aportaciones.

Esperamos que marque un punto de inflexión a la hora de aprobar aquellas leyes de mayor interés para la ciudadanía.

También es cierto que los 15 días dados de plazo por el Gobierno para la participación ciudadana es un plazo de tiempo demasiado corto.
Hubiera sido deseable que, previo al periodo de participación, se hubiera abierto un periodo de información y formación, en el que el gobierno, agentes sociales involucrados en la transparencia, medios de comunicación y en general cualquier persona, participara en debates que generaran conocimiento sobre esta ley, la de otros países y los estándares internacionales de acceso a la información pública, de
tal modo que la ciudadanía estuviera informada y formada antes de realizar sus aportaciones.

Esperemos que esta situación sea tenida en cuenta para ocasiones posteriores, ya que una de las claves para tener una ciudadanía más consciente, más responsable y más participativa es que esté informada y es por eso que el gobierno tiene que dar la máxima difusión posible a la información, realizando en este sentido una labor pedagógica.

Esta ley cubrirá un vacío histórico en nuestra legislación. España era el único país de la UE con más de un
millón de habitantes sin una ley de transparencia y acceso a la información pública. Suecia fue el primer país del mundo en tener una ley de este tipo, la aprobó en el siglo XVIII, en España estamos desarrollando la nuestra en el siglo XXI.

Una ley que llega demasiado tarde y aunque con muchas cosas buenas, tiene demasiadas y graves carencias, si no se modifica antes de su aprobación no cumplirá ni con lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos.

Además hemos de considerar que aunque partimos en desventaja porque se ha hecho en fecha posterior a otros países, hemos de analizar de forma cuidadosa las legislaciones de los países que nos rodean para ver qué podríamos innovar, teniendo en cuenta la difusión y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, junto con las redes sociales, para tener una ley que nos sitúe en la vanguardia internacional en transparencia, acceso a la información pública, participación y colaboración
ciudadana.

Entre lo más positivo de la ley:

1.- Se ha abierto, por primera vez en la historia española, a la participación ciudadana.

2.- Se aplica, no solo a instituciones públicas, sino también a aquellas sociedades mercantiles financiadas con fondos públicos en un 50-100%

3.- Se avanza en la publicación proactiva de información, es decir, a adelantarse a la solicitud de información por parte de las personas, ya que estarán obligadas a publicar de forma periódica y actualizada la información más relevante. (art.3)

4.- Entre la información que estarán obligados a publicar en las sedes electrónicas de cada institución pública hay algunas de relevancia jurídica, como los anteproyectos de ley cuya iniciativa les corresponda. (art.4)

5.- Cada institución pública y las financiadas con fondos públicos, en al menos 50% de su capital social, estarán obligadas a hacer pública mucha información económico-presupuestaria y estadística. (art.5)

Destacamos:

– Contratos adjudicados, procedimiento, identidad del adjudicatario, modificaciones y variaciones de plazo o precio.

– Los convenios suscritos y obligaciones económicas convenidas.

– Subvenciones y ayudas públicas concedidas, indicando importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

– Los presupuestos e información actualizada sobre su estado de ejecución.

– Retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos.

– Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia.

6.- Se crea un Portal de la Transparencia, que permitirá el acceso a la información y publicará la que se solicite con mayor frecuencia (art. 7)

7.- No es obligatorio justificar las razones por las que se solicita información (art.14)

8.- Obliga a las instituciones públicas a “ayudar a encontrar” la información que busca el solicitante, ya que en el caso que la solicitud no se dirija a la autoridad pública que corresponda, estarán obligadas a remitirla a la institución correspondiente. (art.16)

9.- El plazo de respuesta o negación es breve y se ajusta al plazo de respuesta en otros países: un mes, ampliable a otro mes para solicitudes de información complejas (Art. 17)

10.- Se crean las Unidades de Información: Cada institución pública estará obligada a identificar claramente el órgano competente que difundirá la información y se encargará de recibir y tramita las solicitudes. (art. 18)

11.- Se puede solicitar información en cualquier modalidad y será gratuito (art. 19)

12.- Se crea la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios, para que:

– Promocione la transparencia de la actividad pública,

– Garantice el derecho de acceso a la información,

– Evalúe el uso racional de los recursos públicos.

Ante esta agencia se podrá reclamar el silencio administrativo o las denegaciones a la información solicitada. (art.21 y Disposición final tercera)

13.- Se establecen una serie de infracciones, penalizadas algunas con 10 años de inhabilitación y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública, para los altos cargos de la Administración que despilfarren, falseen las cuentas u oculten datos contables (art.25-26-27)

Si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito la administración está obligada a poner los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado.

Por ejemplo se considerará muy grave:

– Adoptar compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos.

– No adoptar medidas necesarias para evitar el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública o gasto.

14.- Se controlarán las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Entidades Locales, ahora se tendrán que ajustar al baremo que dictamine cada año las leyes de Presupuestos Generales del Estado. (Disposición final quinta)

Las carencias de la ley:

1.- No se reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.

El derecho de acceso a la información pública es un derecho inherente a la democracia y como tal debe ser reconocido como derecho fundamental. La explicación del Gobierno de que los derechos fundamentales ya vienen determinados en la Constitución es inaceptable, porque como ya vimos recientemente el Gobierno modificó fácilmente la Constitución y sin ningún tipo de consulta pública.

También podría asociarse al derecho fundamental de la libertad de expresión (derecho a preguntar y saber para generar opinión), como han hecho otros países, el Comité de DD.HH. de la ONU y el Tribunal Europeo de derechos humanos, y haberse tramitado como una ley orgánica vinculada con el artículo 20 de la Constitución Española.

2.- Artículo 2: No se aplica a todas las instituciones públicas: no es aplicable a las funciones no administrativas de los poderes legislativo y judicial, ni a los órganos constitucionales, tampoco es aplicable a la Casa Real.

Tampoco se aplica a los servicios públicos que se privaticen.

3.- Artículo 3: La información que publique cada institución pública en su respectiva sede electrónica, no está obligada a hacerlo bajo licencias de propiedad abiertas, que permitan su descarga, redistribución y reutilización y que puedan encontrarse por las aplicaciones de búsqueda más comúnmente utilizadas en Internet.

4.- Artículo 6: No es obligatorio publicar las actividades privadas retribuidas que realicen los miembros de los gobiernos, órganos superiores o directivos, tal y como ya hace el Parlamento Europeo en su página web

5.- Artículos 9, 10 y 13:

La definición de información es extremadamente restrictiva y los límites de acceso a la información son excesivos y demasiado genéricos
, bajo los que podrían acogerse muchas administraciones para no facilitar la información que se les solicite.

Habría que eliminar:

– Los intereses económicos y comerciales

– La política económica y monetaria

– El secreto requerido en procesos de toma de decisión

Entendemos que las únicas limitaciones en el acceso a la información deben ser las que se establecen en el artículo 105.b de la Constitución Española.

Tampoco se consideran excepciones a estos límites cuando hay un interés público justificado, que debería determinar la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios, por petición del solicitante de la información.

6.- Artículo 17: Las instituciones públicas no están obligadas a contestar: No podemos aceptar la arbitrariedad de la Administración pública, es por eso que planteamos la reconsideración al Gobierno del sentido del silencio, no podemos admitir que ante una demanda de la sociedad se opte por desestimar la solicitud por el transcurso del tiempo.

La Administración tiene la obligación de responder a cualquier consulta realizada, tanto favorablemente, como en caso contrario, explicando las razones de su desestimación.

7.- Artículo 18:
 Las Unidades de Información no están obligadas a publicar en su web el registro de solicitudes de acceso a la información (omitiendo el nombre de la persona solicitante o cualquier otra información que pudiera atentar contra su derecho a la intimidad).

Tampoco a publicar las respuestas o las denegaciones de información y sus causas.

Esto podría ocasionar que varias personas, sin conocerlo, pregunten por una información que la administración ya ha facilitado o denegado a alguien.

8.- Artículo 22: El buen gobierno no es exigido a las mismas instituciones públicas a las que se les exige transparencia, entendemos que deberían ser el mismo ámbito de aplicación.

9.- Artículo 26: La ley establece una serie de principios éticos y de actuación en el artículo 23 pero no se penaliza su incumplimiento, deberían incluirse entre las infracciones disciplinarias.

La negligencia se considera una infracción leve, debería considerarse al menos grave dependiendo de las consecuencias.

El absentismo laboral sin causa justificada también debería considerarse como una falta grave o muy grave.

10.- Disposición final quinta: Al igual que se controlarán las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Entidades Locales anualmente mediante un baremo que dictaminarán las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, debería hacerse con los miembros de órganos de gobierno autonómicos.

11.- No se recogen sanciones para los casos en que se viole el derecho de acceso a la información pública ni para los que destruyan documentos.

12.- Tampoco hay sanciones para las instituciones públicas, miembros de los gobiernos, órganos superiores o directivos que, por el medio que sea y deliberadamente, informen de manera parcial, ocultando o manipulando información relevante con el objetivo de condicionar la opinión pública a sus propios intereses.

Uno de los objetivos de la transparencia y el acceso a la información es lograr una sociedad del conocimiento: informada y formada.

13.- No se contempla ninguna medida de protección para los denunciantes de corrupción en las administraciones públicas.

14.- Hubiera sido deseable que la ley se extendiera hacia el concepto de Gobierno Abierto,
y que incluyera artículos que obligaran, no solo a la transparencia, sino también a permitir, a través de las TIC, a una permanente comunicación bidireccional con las instituciones públicas, a la participación y a la colaboración ciudadana.

15.- El proceso abierto para la participación ciudadana ha sido demasiado corto, no se ha abierto un periodo previo de información y formación para la ciudadanía.

Tampoco es posible conocer las aportaciones que se hacen a través del portal electrónico.

No es posible hacer un seguimiento de las aportaciones: no se ha dado a conocer el criterio que se seguirá para evaluar las aportaciones realizadas y las razones por las que podrán ser consideradas o desestimadas.

En dicho portal electrónico tampoco hay vías de comunicación bidireccional con el gobierno ni foros o espacios donde gobierno, ciudadanos y organizaciones puedan debatir sobre sus aportaciones al anteproyecto de Ley de Transparencia.

No se han abierto otros espacios que garanticen el derecho a participar a todas aquellas personas que, por la razón que sea, no tengan acceso al portal electrónico, para evitar así la marginación que han sufrido en el proceso.

El Gobierno quiere presentar esta proposición de ley en el próximo encuentro mundial del “Open Government Partnership” ( www.opengovpartnership.org), que tendrá lugar en Brasilia.

El Open Gvoernment Partnership es una iniciativa aprobada en septiembre de 2001 por la Asamblea General de Naciones Unidas para que los gobiernos se comprometan a adoptar medidas encaminadas hacia el Gobierno Abierto.

Lo curioso es que el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno no cumple con muchos de los compromisos establecidos en la declaración del “Open Government Partnership”.

Algunos de los compromisos del “Open Government Partnership” que el actual anteproyecto de ley no cumple:

– “Nos comprometemos a proporcionar activamente información de alto valor, incluidos los datos primarios, de manera oportuna, en formatos que el público pueda encontrar, comprender y utilizar fácilmente, y en formatos que faciliten su reutilización.”

“Reconocemos la importancia de los estándares abiertos para promover el acceso de la sociedad civil a los datos públicos, así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información del gobierno. Nos comprometemos a solicitar comentarios del público para saber cuál información le es más valiosa, y nos comprometemos a tomar en cuenta esos comentarios en la mayor medida posible.”

El actual anteproyecto presentado por el Gobierno no obliga a publicar los datos bajo licencias de propiedad abiertas, que permitan su descarga, redistribución y reutilización y que puedan encontrarse por las aplicaciones de búsqueda más comúnmente utilizadas en Internet.

– “Nos comprometemos a hacer más transparentes la formulación de políticas y la toma de decisiones, mediante el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el aumento de la participación del público en la realización, el seguimiento y la evaluación de las actividades gubernamentales.”

En el anteproeycto de ley del Gobierno la participación ciudadana ni se menciona.

-“Nos comprometemos a promulgar y aplicar normas que protejan a los denunciantes”

Esto tampoco se contempla en el actual borrador.

-“Nos comprometemos a crear espacios accesibles y seguros en línea como plataformas para la prestación de servicios, la participación del público y el intercambio de información e ideas”

No hay ningún artículo en esta línea en el actual anteproyecto de ley

– “Reconocemos que el acceso equitativo y asequible a la tecnología es un reto y nos comprometemos a buscar una mayor conectividad en línea y móvil, al mismo tiempo que identificamos y promovemos el uso de otros mecanismos para la participación ciudadana. Nos comprometemos a hacer que participen la sociedad civil y la comunidad empresarial para identificar prácticas eficaces y enfoques innovadores para aprovechar las nuevas tecnologías a fin de empoderar a las personas y promover la transparencia en el gobierno.”

La colaboración ciudadana ni se menciona en el actual anteproyecto de ley.

-” Nos comprometemos a adoptar estos principios en nuestro compromiso internacional, y trabajar para fomentar una cultura mundial de gobierno abierto que empodere a los ciudadanos y les cumpla, y avance los ideales de un gobierno abierto y participativo en el siglo XXI.”

El Gobierno Abierto no se menciona en ningún momento en el actual anteproyecto.

Con la presentación en Brasilia, por parte de Gobierno de España, del actual anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno seguiremos a la cola mundial en transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto.


Se trata de una ley de mínimos, centrada en la transparencia y el buen gobierno, superada por muchos de países presentes en el Open Government Partnership, que ya trabajan en hacia un concepto mucho más amplio: el Gobierno Abierto
.

Después de años sin una ley de transparencia, siendo uno de los países más opacos de la Unión Europea ¿Cuántos años tendremos que esperar ahora para lograr un Gobierno Abierto?

Acerca de Govern Obert

Govern Obert es una organització sense ànim de lucre que treballa per a aconseguir un Govern Obert i una societat del coneixement a la Comunitat Valenciana.

Comentarios

4 comentarios en “EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

  1. En el apartado primero de la Ley “Ambito de aplicación”,deberia ampliarse a toda clase de sociedades,anónimas,limitadas,cooperativas,mutuas y en general cualquier asociación pública o privada.

    Publicado por manuel | abril 9, 2012, 10:32 am

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